USTEA DENUNCIA EL VARAPALO DE LA JUNTA A SU PERSONAL LABORAL EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022

USTEA DENUNCIA EL VARAPALO DE LA JUNTA A SU PERSONAL LABORAL EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022

El sindicato USTEA denuncia que la Oferta de Empleo Público 2022, ya publicada en BOJA, sacrifica una vez más al personal laboral y, especialmente, a los sectores

prioritarios de Educación y Servicios Sociales, y así lo hizo patente en la reunión de la Comisión del VI Convenio Colectivo del pasado día 29 de noviembre al objeto de

negociar la OEP 2022, negociación que resultó una pantomima de la Administración quien impuso su nefasta propuesta de recorte demostrando su nula voluntad de

abordar una negociación real y efectiva, muy alejada del principio de buena fe.

USTEA considera totalmente insuficiente e incoherente la OEP 2022 respecto al personal laboral. El  Decreto 566/2022, de 20 de diciembre, dice apostar “por la incorporación de

nuevos efectivos a sectores de actividad vinculados a la prestación de servicios esenciales como la sanidad, la asistencia social y la educación, así como en aquellas categorías

profesionales que soportan mayores índices de temporalidad y en aquellas con mayor necesidad de efectivos”. Pero no sólo no incorpora nuevos efectivos sino que destruye empleo

de personal laboral. De las 745 plazas ofertadas para personal laboral, faltan 335 para alcanzar un total de 1080 de reposición de efectivos, en coherencia con la tasa de 120 por cien

en los sectores prioritarios y 110 por cien para los demás sectores y de acuerdo con el procedimiento de cálculo de la tasa de reposición de efectivos, a efectos del porcentaje máximo

en cada caso.

Así, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, dispone en su artículo 20 que a lo largo del año la incorporación personal de nuevo

ingreso con una relación indefinida en las administraciones públicas estará sometida a los límites establecidos en la misma, determinando que la tasa de reposición de efectivos será

del 120 por cien en los sectores prioritarios y 110 por cien para los demás sectores. En el apartado Uno.7 del citado artículo, se establece el procedimiento de cálculo de la tasa de

reposición de efectivos, a efectos del porcentaje máximo en cada caso. Asimismo, en su apartado Uno.6, se determina de forma expresa que no computarán dentro del límite máximo

de la tasa de reposición las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo

mediante sentencia judicial.

En este contexto, el presente decreto aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022, que asciende a 1843 plazas, de las cuales 960 corresponden a personal funcionario y

883 a personal laboral. Siendo el número destinado a nuevo ingreso de 745 plazas en ambos cuerpos. Y en promoción interna, un total de 215 plazas para personal funcionario y 138

plazas de personal laboral.

La Administración reconoce que no ha utilizado la tasa de reposición de efectivos con pretextos vacíos que en ningún caso convencen, toda vez que la norma permite agotarla.

Conforme a los datos facilitados por la propia Administración la tasa utilizada es de un raquítico 81,95% en personal laboral, muy por debajo del 120% en sectores prioritarios y el

110% en otros sectores que permite la ley. Precisamente ese aumento en la tasa, viene dado para impulsar el empleo público y amortiguar la pérdida histórica de efectivos como

consecuencia del crecimiento cero. Y ahora, aparecen otra vez con los recortes feroces de personal en un momento en el que existe un colapso en las plantillas de la Junta y una

vuelta a las privatizaciones y cierres parciales o totales de centros.

USTEA no acepta estos datos ni la distribución de plazas que hace la Administración, que ante la falta de efectivos suficientes para prestar determinados servicios públicos, está

privatizando servicios prioritarios con categorías profesionales afectadas como son, por ejemplo, los equipos psicosociales de Justicia: las categorías de Psicólogo/a y Trabajador/a

Social, o en Educación la categoría de Personal Técnico en Integración Social con una alta tasa, y en aumento, de contratación privada. Mismo escenario que nos encontramos en

otros muchos centros de trabajo con plantillas bajo mínimos. Y otras muchas categorías y servicios de sectores prioritarios y no prioritarios. Ante esta denuncia sindical, el Secretario

General para la Administración Pública afirmó en la Mesa negociadora que no hay privatización en la Junta, argumentando USTEA que sí la ha habido, la hay y desgraciadamente, la

habrá gracias a su gestión. Y una gran parte de ella, ya está sentenciada como fraude, de ahí la próxima oferta de indefinidos no fijos por encima de 1000 plazas, que en su mayor

parte procede de fraudes en la contratación con empresas privadas.

USTEA considera que no hay justificación alguna. Muestra su rechazo absoluto y denuncia el desmantelamiento del personal laboral que con esta OEP que presenta la Administración,

no viene más que a darle un nuevo impulso, otra asfixiante vuelta de tuerca, tras años de pérdidas de puestos de trabajo que han dejado los centros bajo mínimos, insostenibles y

abocados intencionadamente a la privatización.

Esta situación tendrá consecuencias sindicales de rechazo a esta política destructiva en la gestión de los Recursos Humanos del personal laboral de la Junta de Andalucía y

aumentará, sin duda, la conflictividad.