CONFLICTO LABORAL POR LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIGILANCIA NOCTURNA EN LOS MUSEOS Y CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE SEVILLA

NOTA DE PRENSA

CONFLICTO LABORAL POR LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIGILANCIA NOCTURNA EN LOS MUSEOS Y CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE SEVILLA

Un nuevo conflicto laboral está sobre la mesa. La Junta de Andalucía está decidida a prescindir de la vigilancia que viene llevando a cabo con empleados públicos para privatizarla. El personal afectado está decidido a plantar batalla ante lo que consideran injusto y un mal pago a tantos años de dedicación.

USTEA-ASP-Sevilla denuncia que la Junta de Andalucía continúa con el proceso de privatización y desmantelamiento de determinados servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y que tan necesarios se han demostrado a lo largo de la pandemia por covid-19.

Esta vez le ha tocado el turno a los Museos y Conjuntos Arqueológicos de Sevilla, en los que se intenta privatizar el servicio de vigilancia nocturna prestado actualmente por empleados públicos, ofertándolo ahora a empresas privadas, servicio mucho más costoso, que habrá que licitar, y en el que “pierden los trabajadores, la Administración, el servicio público y sólo gana la empresa privada”.

El sindicato quiere hacerse eco de la inquietud y el profundo malestar de los trabajadores/as de los distintos museos y conjuntos arqueológicos sevillanos respecto a dicha privatización, al tiempo que defiende la profesionalidad del personal que actualmente presta el servicio de vigilancia, trabajadores/as que vienen ejerciendo sus funciones satisfactoriamente desde hace décadas.

La Consejería de Cultura pretende, de este modo, imponer un modelo de gestión neoliberal donde se subcontrata todo lo que se puede, jugando con un capital público para generar un modelo de protección y vigilancia que vende a la empresa privada, socavando la prestación de los servicios y la calidad del empleo público así como, el derecho de las trabajadoras y trabajadores, fomentando la precariedad laboral.

Para USTEA-ASP-Sevilla es posible armonizar los intereses públicos respetando los derechos laborales y la normativa legal relativa a Protección de Datos y Seguridad Privada. De hecho, “hemos planteado diversas alternativas más económicas y que aumentan la seguridad de los centros: la Consejería no se puede cerrar a estudiarlas con decisiones previas”.

El sindicato rechaza de plano la privatización de los servicios públicos, que por experiencia propia vemos que es una fuente de fraude en la contratación, precariedad laboral y mayor coste económico, considerando que la mejora del servicio pasa por la revisión y adecuación de sus Relaciones de Puestos de Trabajo y la dotación de efectivos, así como impulsar la actualización de la formación especializada de este personal.