Ustea denuncia que los tres centros cordobeses de protección de menores están en “situación límite”

Nota de prensa:

SITUACIÓN LÍMITE EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES

USTEA denuncia públicamente la preocupante situación en los Centros de Menores de Andalucía, la falta de previsión, de capacidad de reacción e

improvisación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

 

En los C.P.M. (Centros de Protección de Menores) se está viviendo de nuevo una masificación que está desbordando a los menores y a los

profesionales que los atendemos, igual a la vivida el verano pasado, y que este año vuelve a aparecer y de nuevo nos encontramos con una falta de previsión,

de capacidad de reacción y de improvisación, aún sabiendo dicha Consejería que esto iba a suceder, se siguen limitando a trasladar a menores a otras

provincias, teniendo también éstas la ratio completa o superada porque el flujo de llegada de menores ha continuado todo el año.

 

Esta masificación, junto con la distintas problemática de los menores (con necesidades educativas especiales, drogodependencias, desconocimiento

del idioma…) está provocando:

 

Una falta de recursos físicos (espacios suficientes y acondicionados) y humanos (falta de profesionales para atenderlos adecuadamente.

 

No se puede desarrollar una intervención psicosocial, educativa e intercultural ni mucho menos individualizada.

 

La convivencia en los CPM, actualmente, es lo menos parecido a un entorno normalizador e integrador por lo que se están lesionando los

derechos de los menores acogidos al no recibir la atención que nos marca la legislación vigente sobre el acogimiento residencial de menores

desamparados y proclives a una situación de exclusión social.

 

El incumplimiento por parte de la Administración del principio básico que debe prevalecer el interés del menor.

 

La tardanza en la realización del protocolo médico, pudiendo estar expuestos menores y trabajadores al contagio de enfermedades,

además una vez realizado el mismo si se diera el caso de que alguno padeciera o padeciese una enfermedad infecto contagiosa, la realidad

es la falta de espacios suficientes, ni adaptados, para las medidas que marca dicho protocolo.

 

Este aumento de menores tampoco ha generado como debería haber sido un aumento de los profesionales encargados de su atención y

educación, por el contrario la plantilla no ha aumentado, viéndose incluso mermada debido a las vacaciones estivales y no haberse

cubierto todas las bajas.

 

Debido a lo anterior los trabajadores/as nos encontramos sin recursos para abordar el trabajo educativo que nos corresponde hacer,

provocando esta situación cuadros de enfermedades profesionales como stress y ansiedad, debido a la sobrecarga y responsabilidad que

exige nuestro trabajo, que requiere la toma de decisiones urgentes y control continuo y constante para prevenir y evitar agresiones verbales y

físicas que aumentan ante el mayor número de menores, su diversidad de perfiles y la falta de centros específicos para atender su diversidad en

el ámbito autonómico.

 

Esta situación está siendo denunciada por todos los Sindicatos y Comités de Empresa de Andalucía, lo cual no deja de ser un problema puntual, muy

grave, que se puede entender como la gota que colma el vaso, de la falta de previsión de la Administración y que ha saltado a la opinión pública.

Reiteramos nuestra denuncia de la falta de recursos, tanto físicos como humanos, para la atención integral del menor, estos están obsoletos no

habiéndose adecuado en el tiempo a lo que marca la legislación vigente;

 

Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y atención del menor. Ya ésta nos marca que menores con deficiencia o discapacidad deben

ser atendidos en centros específicos, actualmente la Junta de Andalucía dispone de pocos recursos destinados a este fin,

permaneciendo los menores que serían objeto de esta atención específica en los CPM, incumpliendo flagrantemente la Ley.

Igualmente ocurre con menores que llegan con un alto grado de consumo de estupefacientes y que deberían ser tratados en centros

específicos, ya que esta adicción les lleva a problemas de conducta y a infringir la ley, no existiendo tampoco recursos suficientes para

menores con conductas disruptivas, conviviendo en el mismo marco residencial e impidiendo la normalización del mismo, lesionando a

veces los derechos del resto de menores.

 

Decreto 355/2003 de 16 de diciembre de acogimiento residencial de menores de la Junta de Andalucía que marca entre otros aspectos

que la organización y funcionamiento será cada vez más parecida a la de pequeñas unidades cuasi familiares y con una perspectiva de

calidad y calidez, podemos comprobar que 15 años después siguen sin ninguna modificación los centros de menores, y sin los recursos

necesarios para llevar a efecto lo que marca dicho decreto y sin ningún plan ni a medio ni a largo plazo para cumplirlo. En el mismo

decreto se habla de promover el pleno desarrollo de los menores y su integración social, en la situación actual y con la falta de recursos

humanos y económicos no garantiza la Administración autonómica a los menores que tiene tutelados ni su pleno desarrollo ni su

integración social.

 

Por todo lo expuesto USTEA insta a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y a la propia Junta de Andalucía a que ponga en

marcha un dispositivo de emergencia que lleve a poner fin a la actual masificación de los CPM y que se constituya una Comisión mixta entre la

Administración y los Sindicatos para que lleve a cabo un estudio diagnóstico de còmo acometer a corto y medio plazo la necesaria

transformación de los CPM y puedan convertirse en lo que establece la Ley y el Decreto antes citados, hogares de calidad y calidez.

De esta manera los profesionales de los CPM podríamos dar las nherramientas necesarias a los menores tutelados para su posterior

integración en la sociedad en igualdad de condiciones, para ello hace falta una política de discriminación positiva que desemboque en la

dignificación de los CPM y de los profesionales que trabajan en ellos, de los menores acogidos y por ende de toda la sociedad.

 

Córdoba, 25 de junio de 2018.

 

USTEA en prensa.Diario Córdoba.

Ustea denuncia que los tres centros cordobeses de protección de menores están en “situación límite”

Exige más recursos materiales y humanos para atender instalaciones saturadas, más aun tras registrarse incidentes y ante la avalancha desde el Estrecho

Menores en un centro de acogida de Córdoba. - CÓRDOBA

 

25/06/2018

 

La saturación actual de los centros de protección de menores en Andalucía, tres de los cuales se encuentran en Córdoba (el Juan de Mairena, el Lucano y el Beatriz Enrique Enríquez), que en estos tres casos están al 130% por encima de su capacidad con casi un centenar de menores atendidos, está desembocando en una situación donde se hace imposible atender correctamente a los niños y adolescentes que llega, sin recursos materiales tampoco e incluso comenzando a registrarse incidentes por el clima de tensión creado. Así lo ha denunciado esta mañana la sección sindical de Ustea de la Delegación de Igualdad, Salud y Política Sociales, que advierte que la situación empeorará cuando desde los aún más masificados centros de las provincias costeras llegue la avalancha de menores que en estos días son recogidos de las pateras de inmigrantes que cruzan el Estrecho.

Según resume la representante del sindicato y trabajadora en uno de estos centros Carmen Rubio, “la Junta está haciendo negación de su tutela y lo que se hace es por los trabajadores”, todo ello para paliar una situación de falta de espacios físicos ya que “no vamos a tener ni para poner los colchones”, sin “poderse desarrollar una intervención psicosocial, educativa e intercultural ni mucho menos individualizada”, afectando a la convivencia y mezclando internos de todas las edades y con tardanzas en la realización del protocolo médico con el riesgo que ello supone para el individuo y el resto del centro, afirma también un comunicado del sindicato.

Ante esta situación, el sindicato pide que se ponga en marcha un dispositivo de emergencia para hacer frente a la masificación y crear una comisión mixta Administración-sindicatos para analizar y buscar situaciones a corto y medio plazo que lleve a dignificar los CPM , la labor de los profesionales que trabajan en ellos, de los menores acogidos y, por ende, de toda la sociedad”.

 

 

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