COMPARECENCIA DE USTEA SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSALIDAD Y GRATUIDAD DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.

Por FLO en Mié, 13/06/2018 - 08:35

 

COMPARECENCIA DE USTEA SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSALIDAD Y GRATUIDAD DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.

 

La infancia es el bien más preciado que posee la sociedad. Su interés superior ha de prevalecer, como así consta en la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña.

Para proteger este interés superior es necesario garantizar no solo la universalidad y gratuidad de la educación, sino también la igualdad en el acceso a la misma.

USTEA considera que se deben hacer efectivas las normativas que aseguren la integración total del primer ciclo en el actual sistema educativo, como se recoge en la L.O.E. 2/2006 en su artículo 12, donde se reconoce a la Educación Infantil como “una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años”, y a nivel autonómico, en la Orden de 5 de Agosto del 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, en la que se afirma que la Educación Infantil constituye una etapa con carácter unitario e identidad propia, ordenada en 2 ciclos interrelacionados”.

El 20 de febrero de 2013 la Comisión Europea hizo pública su Recomendación a los Estados sobre la pobreza infantil. Invertir en los niños: romper el ciclo de las desventajas. Esta Recomendación no establece obligaciones legales, pero es un instrumento fundamental para que los Estados miembros aborden la pobreza infantil adecuadamente desde las políticas públicas.

La Recomendación establece tres pilares estratégicos:

  1.  

    1. El acceso de las familias, niños y las niñas a recursos adecuados: apoyando el acceso al trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños mediante ayudas económicas, desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda.

    2. El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el acceso en condiciones a los sistemas de salud, a una vivienda y un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de protección de la infancia.

    3. El derecho de los niños y niñas a participar: mediante el apoyo a la participación de niños en la vida cultural, deportiva y el derecho al juego, y estableciendo mecanismos de participación en las decisiones que afectan a sus vidas.

Más de cuatro años después la Red Europea de Política Social (ESPN) ha analizado el desarrollo de esta Recomendación en 35 países europeos. Esta red de expertos de la Comisión Europea ha publicado un informe detallado con los avances, retrocesos y modificaciones realizadas en cada uno de los países, en el que se constata que a pesar de los avances de algunos países es evidente que “se han logrado progresos muy limitados en la mayoría de los ámbitos en muchos de los países con niveles altos o muy altos de pobreza infantil o exclusión social” (España y otros nueve países estarían en esta situación) “y de hecho algunos de ellos han debilitado su enfoque en varias áreas. Esto es especialmente preocupante dado el alto nivel persistente de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE (26,9% en 2015) y la gran divergencia entre países”

Como conclusión, los expertos recomiendan la implementación de esta Recomendación y sobre todo abordando cuatro áreas especialmente:

  • Desarrollar enfoques más globales, estratégicos y coordinados, y se tengan en los derechos del niño en la formulación de políticas nacionales;

  • Orientar mejor las políticas en los grupos de alto riesgo como puede ser la población gitana y los niños migrantes;

  • Aumentar la accesibilidad y la calidad de los servicios de Educación y Atención en la primera infancia;

  • Abordar las desigualdades y los problemas de acceso en las escuelas.

En el caso de España las recomendaciones que realizan los expertos se centran en:

  • Realizar un importante esfuerzo de inversión social desarrollando una generosa prestación social universal para todos los niños y niñas.

  • Reforzar la inversión educativa en los grupos más vulnerables.

  • Incrementar como prioridad política la educación y la atención de la primera infancia como mecanismo para facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional, así como para reducir las desigualdades y mejorar las oportunidades de vida de los niños y niñas de los grupos más vulnerables.

Por todo ello, en USTEA creemos que la proposición de ley motivo de esta comparecencia, cuyo asunto central compartimos plenamente, debería ser:

  • Una oportunidad para atajar las deficiencias señaladas y algunas otras que no aparecen en los informes y análisis de las instituciones europeas, pero que marcan la vida cotidiana de los centros que atienden a la primera infancia;

  • Una ocasión inmejorable para dotar a esta etapa de un auténtico carácter educativo y con entidad propia, abandonando el sentido propedéutico y asistencial que la viene caracterizando, así como para convertirla en un auténtico elemento de compensación social que trabaje por la igualdad y la justicia social, alejado del concepto neoliberal que la concibe en términos de mercado y generación de riqueza u otras plusvalías;

  • El marco adecuado para garantizar este avance desde las administraciones públicas, que deben asumir su propia responsabilidad en esta materia y no a través de la iniciativa del sector privado, para asegurar que el derecho a la atención y la educación de las niñas y los niños de cero a seis años sea verdaderamente universal y gratuita, de calidad, inclusiva e integradora, solidaria, laica y democrática.

Y proponemos una serie de medidas tales como:

  • Ampliar la red de centros públicos y mejorar la existente. Las Escuelas Infantiles deben quedar adscritas a los Colegios Públicos de Infantil y Primaria de su zona.

  • Previsión en los horarios de tiempos para actividades de tutoría y coordinación, elaboración, seguimiento y actualización del proyecto educativo, plan de autoevaluación…

  • Formación permanente de los profesionales.

  • Ratios e instalaciones adecuadas a estándares europeos.

  • El reconocimiento de la labor que desempeña el personal de servicios como asistentes imprescindibles en los procesos educativos de las niñas y niños a los que se acompaña en su desarrollo.

  • Revertir la privatización de los servicios educativos complementarios, apostando por su integración en los propios centros y dotados de infraestructuras y personal cualificado.

 

Parlamento de Andalucía (Sevilla), 12 de junio de 2018

 

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