NOTA DE PRENSA: USTEA DENUNCIA: Situación insostenible en Centros de menores de la provincia de Cádiz

USTEA ASP Cádiz denuncia públicamente la falta de previsión, de capacidad de reacción y la improvisación de la D.T. de Igualdad y Políticas Sociales de Cádiz y, por ende, de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas sociales de la Junta de Andalucía, ante el drama de la migración de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) hacia nuestras costas.

 

USTEA denuncia la insostenible y extrema gravedad de la situación en que se encuentran todos los centros de protección de menores de la provincia de Cádiz, ya que durante los dos últimos meses vienen dando soluciones temporales, improvisadas y sin ningún tipo de previsión de futuro. La puesta en marcha de su “plan de emergencia”, con la adjudicación provisional de 100 plazas para todo el territorio de la Comunidad (número insuficiente a todas luces para atender a la avalancha producida y que se sigue produciendo), se ha mostrado absolutamente ineficiente, pues en ningún momento se han podido descongestionar los centros.

 

La respuesta que viene ofreciendo la Junta de Andalucía vulnera los derechos de los menores inmigrantes y, a la vez, de los trabajadores y trabajadoras que no pueden desarrollar su labor educativa.

 

Por no remontarnos más allá, cuando el pasado 13 de marzo los responsables de la Delegación Territorial de Igualdad y P.S. de Cádiz, con su Delegado al frente, convoca a la Comisión Permanente del Comité de Empresa a una reunión con la intención originaria de cerrar el CPM “El Cobre” de Algeciras por deficiencias de sus instalaciones, USTEA ASP se posiciona no sólo en contra de esta medida, sino que preconiza la necesidad de su total rehabilitación; amén de por la defensa de los puestos de trabajo (que, de llevarse a cabo, requeriría un más que deseado aumento), por la evidente creciente demanda de estos recursos por la permanente llegada de menores de allende de nuestras fronteras. Hecho éste que en absoluto se trata de una circunstancia coyuntural del periodo estival, como parece entender la Administración andaluza, sino de una realidad que no se puede obviar y dejar de atender en la justa medida de su dimensión real.

 

Hace tiempo que la práctica totalidad de los centros de menores de nuestra provincia perdieron por la vía de los hechos su condición de centros de protección de niños y niñas nacionales en situación de desamparo y/o de riesgo social para acoger a los MENA´s que en la actualidad los abarrotan; lo cual puede provocar (o está provocando ya) posibles problemas de salubridad, de conflictividad, de peligro de la integridad física tanto de menores como del personal que los atiende y, por último, impide que se pueda prestar la atención a que todo ciudadano -y en especial los niños y niñas- tienen derecho.

 

La semana pasada el CPM “Inmaculada Concepción” de La Línea registraba 74 residentes, cuando sólo tiene capacidad para 24; el CPM “El Cobre” de Algeciras, 33 cuando ahora sólo puede albergar a 16; el CPM “La Cañada” de Villamartín, 22 en un centro de 13; el CPM “Tolosa Latour” de Chipiona 49 donde sólo caben 24 y el CPM “M. de Falla”, 44 donde tendrían que ser un máximo de 18. Esto obliga a que se habiliten distintas salas como improvisados dormitorios, se tiren colchones al suelo, e incluso, tengan que recurrir a mantas porque ya no hay ni colchones ni lugares donde ponerlos. Tal hacinamiento de residentes complica, hasta convertirlo en un trabajo titánico, todas las labores de intendencia, haciendo que el personal de los centros multiplique hasta la extenuación sus esfuerzos para que coman, se aseen, tengan ropa limpia…

 

Las instalaciones de los centros de menores no están preparadas para absorber a una población que en algunos casos duplica y hasta triplica su capacidad.

 

Por si esta situación de por sí no fuera suficientemente grave y complicada, nos encontramos con que la Administración no cubre los puestos de trabajo vacantes por jubilación y otras incidencias, ni la totalidad de las vacaciones del personal y, como nos informan trabajadores/as del CPM de Jerez, “la falta de un mediador más presente, el estado de algunas furgonetas para hacer los traslados de menores a otros centros…”.

 

Los trabajadores y trabajadoras, pues, denuncian jornadas maratonianas, la imposibilidad de planificar y de organizar todas las gestiones que conlleva la llegada de un número de menores inmigrantes tan elevado. El resultado es que los equipos educativos han reducido sus funciones casi por completo a la atención humanitaria básica, meramente asistencial, lo cual no deja de ser una vulneración de su derecho a desarrollar el trabajo propio de su condición de educadores/as.

 

En estas condiciones, ¿quién puede creer que se pueda llevar a cabo acción educativa alguna, qué actividades lúdicas y formativas, qué preparación laboral, qué inmersión lingüística, qué futuro se les puede ofrecer a estos jóvenes cuando no queda ni suelo donde colocar un colchón para dormir? ¿Qué programación, cuando los equipos educativos se pasan sus jornadas laborales llevando y trayendo niños a médicos, trasladándolos de centros y/o de localidad, etc.

 

A los menores se les niega sus más elementales derechos y se somete al personal de los centros a una situación de estrés y de peligrosidad intolerables, dado que tal hacinamiento de personas no puede traer más que conflictos de consecuencias imprevisibles.

 

Lo que sin duda es una oportunidad para los menores extranjeros y para nosotros como sociedad, por cuanto se trata de una juventud intrépida y con iniciativa en una sociedad (la nuestra) con serios problemas de población por su envejecimiento, nuestros responsables políticos lo han convertido en un problema social que incluso puede suponer problemas de seguridad ciudadana y de todo tipo.

 

Entendemos que, en este sentido, nos hallamos ante un problema político de ámbito, cuando menos, nacional. Andalucía no puede enfrentarse sola a esta nueva situación por estar en el lugar por donde mayoritariamente penetran en nuestro país, pero esto no exime a los gobernantes andaluces de su responsabilidad. Han de hacer política para que las demás comunidades y el gobierno central se impliquen y han de cumplir con las obligaciones que tienen con sus centros en cuanto a recursos humanos y materiales.

 

Desde aquí USTEA ASP Cádiz denuncia el drama social al que nos enfrentamos, el problema social y de seguridad que se está generando, el peligro para la integridad de la comunidad que conforma los centros de menores, las deficiencias de recursos tanto humanos como materiales y la imposibilidad de los trabajadores y trabajadoras de realizar su labor educativa.

 

 

USTEA ASP Cádiz no descarta apoyar y organizar cualquier iniciativa que los trabajadores y trabajadoras sugieran para la denuncia de los hechos aquí narrados.