Alega además en la demanda conducta antisindical, ya que la reducción en cinco meses del tiempo de contrato de los monitores escolares del Plan de Choque se decidió de manera irregular, en una reunión bilateral entre la Administración y UGT y CCOO,  fuera de las mesas de negociación.

 La Junta  planteó en noviembre de 2013 en Subcomisión de Educación, iniciar un plan de choque de monitores escolares, personal laboral  de la Administración General de la Junta de Andalucía para cubrir 840 colegios de infantil y primaria, con objeto de llevar a cabo la reversión a empleo público de un grupo de plazas privatizadas. Después en enero se vuelve a ver para confirmar las condiciones de todo el proceso. Así se llega a la conclusión  de poner en marcha el citado plan de choque de un año de duración, con oferta pública al SAE, y con los criterios de acceso establecidos en el VI Convenio Colectivo del personal laboral.

A pesar del carácter de minijobs que plantean (jornadas de 8, 12 ó 20 horas semanales),  al hacer una prolongación  de los contratos que tenían privatizados, desde USTEA se valoró positivamente como medida de reversión a empleo público, pero criticando la precariedad de tales contratos. Aún así, aceptamos esa transitoriedad, una vez se pone sobre la mesa la inclusión en la Relación de puestos de trabajo (RPT) de la propia Administración de la Junta de Andalucía en el plazo de un año.

El conflicto en cuestión surge cuando UGT y CCOO publicitan unos “logros” o acuerdos alcanzados en una reunión bilateral, con altos responsables de Educación y Hacienda y Admón. Pública, fuera totalmente de cualquier mesa de negociación reconocida. Y ese logro no era otro que la reducción del tiempo de contrato de los 840 trabajadores monitores escolares del plan de choque.  La consecuencia  inmediata la verifican los primeros trabajadores cuando le comunican que se ha modificado el tiempo de contrato reduciéndolo en cinco meses cuando previamente le habían comentado que la duración era de un año. Ya en el mes de marzo USTEA solicitó, vía administrativa,  la restitución del compromiso de contratación por 12 meses a este colectivo, que no ha surtido efecto por lo cual se demanda ahora vía judicial.

Consejería de Educación. El desprecio por sus propios trabajadores.

Este colectivo de monitores escolares denominado del Plan de Choque, es a día de hoy el colectivo de empleados públicos más vulnerable y precario que depende directamente de la propia Junta. Desde la  Consejería de Educación se les ha mandado el mensaje radical de que en septiembre: “Todos a la calle”.  Aún así, no cunde el desánimo entre el colectivo que ha empezado a movilizarse con objeto de que se respete lo acordado en las mesas de negociación, se continúe por el camino del empleo público y se avance hacia contratos a tiempo total, para prestar un servicio público de calidad y ejercer el trabajo en condiciones dignas. Los propios trabajadores se están organizando en una plataforma reivindicativa. Están contactando con parlamentarios y partidos políticos y con la propia Administración, participando en movilizaciones a niveles provincial y autonómico.  Se han concentrado frente a la Consejería de Educación y más recientemente en el Parlamento de Andalucía, así como, empiezan a hacerlo, a nivel provincial.

La reversión a lo público como eje de las reivindicaciones.

Toda esta actividad reivindicativa que cuenta con el apoyo de USTEA, se está canalizando a través de plataformas de exigen la reversión a empleo público de todo el entramado de privatización que viene ejecutando desde hace años la Consejería de Educación a través del ISE, mediante ingeniería financiera usurpando puestos que la normativa destina inequívocamente a personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. Privatización que se une a una pésima gestión de personal dilatadora de los procesos de acesso a fijo y de las bolsas de vacantes.

Ahora son los colectivos de monitores escolares y los monitores de educación especial los que se muestran más activos bajo la denominación de Marea Amarilla, por el color de las camisetas que portan en sus acciones, pero existen otros colectivos afectados que también comienzan a plantearse los mismos interrogantes.

El caso más ilustrativo y extremo de la ferocidad privatizadora es el de los Intérpretes de lenguaje de signos, una categoría creada en 2008, como personal laboral y que no tiene asignado ningún trabajador. Todo el servicio está privatizado.

He aquí el acuerdo:

“Las partes firmantes del VI Convenio Colectivo reconocen la necesidad de crear dentro del Grupo III de clasificación del mismo la categoría profesional de Intérprete de lengua de signos, con objeto de cubrir la demanda de los servicios de interpretación de la lengua de signos existentes en determinados centros de la Junta de Andalucía, y en particular en los centros docentes y socioeducativos.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3.a) y 14 del VI Convenio Colectivo, la Comisión del mismo, en sesión ordinaria celebrada el 5 de julio de 2007, con el voto favorable de la totalidad de las dos representaciones, adopta el presente Acuerdo, que crea dentro del Grupo III de clasificación la categoría profesional de Intérprete de lengua de signos en el Catálogo de categorías y sus definiciones, contenido en el Anexo I del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, en cuyo texto se integrará como parte del mismo”