USTEA ha convocado esta tarde a las 18 horas a la movilización frente al Parlamento Andaluz junto a CGT y CSIF y las plataformas de monitores escolares y de monitores de educación especial para denunciar la pésima gestión del gobierno andaluz que viene decantándose claramente por la privatización de unos servicios destinados a ser públicos.

Es curioso que los políticos, hasta del propio gobierno, y la opinión pública en general, incluso hay pronunciamiento judicial, coinciden en el sentido de que las privatizaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía han sido en condiciones de semiesclavitud y que han sido ejemplos de ingeniería de contratación entre otras consideraciones. Ahora bien, USTEA denuncia que sigue existiendo ese problema, y de manera estructural, ya que la propia Administración es la impulsora de estas medidas de privatización de unas categorías que deberían estar ejerciéndose desde categorías catalogadas como de personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía y definidas en el VI Convenio Colectivo. Exige a su vez, la reversión a empleo público de todos los puestos privatizados y que el acceso a éste se produzca mediante los mecanismos legales establecidos en dicho Convenio.

El caso especial de los monitores escolares del plan de choque.

Este colectivo se manifiesta especialmente por la pésima gestión que viene padeciendo desde su inicio. La propia Administración no ha cumplido parte de lo que ya expresó y se acordó en las mesas de negociación como lo relativo a su tiempo de contrato, reduciendo éste de los 12 meses iniciales a 7 meses con la complicidad posterior de FE-CCOO y FETE-UGT con los que llegaron a un acuerdo fuera de mesa de negociación, de reducción de la contratación de este colectivo. Ahora queda la incertidumbre más absoluta después de que desde la propia Administración educativa admitiera a representantes de la plataforma, en la anterior concentración de 29 de abril, frente a la Consejería de Educación, que “prefiere” lo privado. A esto hay que sumar la precariedad en la contratación con contratos de entre 8 y 20 horas semanales. Algo inaudito en la Administración pública andaluza. Ahora queda por ver si se va a producir la consolidación de los puestos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tal como, también se acordó en la Subcomisión de Educación, y por supuesto, de si habrá avance en la adopción o conversión a jornadas a tiempo completo, no contratos basura de 8 horas semanales.

En el caso de los monitores de educación especial, más de la mitad de la plantilla está en manos privadas, y en aumento, además con un sistema inexistente, por parte de la Junta, de control de calidad y de supervisión de titulaciones específicas y de los propios pliegos de condiciones. Desde USTEA denunciamos la perversión del sistema de contratación, la instauración de una radical política neoliberal privatizadora, en donde predominan más los intereses de lucro empresarial que el bien público. Y reivindicamos que los puestos y categorías definidas como personal laboral de la Junta de Andalucía no se desmantelen como viene ocurriendo desde hace años. Y se cubran tal como marca la normativa de la propia Junta. Es increíble la doble moral de los partidos gobernantes en Andalucía donde practican sin rubor las fórmulas más liberales de contratación, siendo firmes defensores de este sistema que suele ser represivo con el trabajador y que engorda a empresas que lo único que hacen es ser meros intermediarios, empresas pantalla, cuyo objetivo único es sacar tajada.  Los responsables políticos se limitan a mirar para otro lado y dar argumentaciones sobre que lo único viable es la privatización. No tienen, ni quieren, otra fórmula de gestión.