USTEA denuncia el paripé de la Junta en el cumplimiento de la sentencia de 2010 que la obliga a la formación de sus trabajadores.
En reunión celebrada el pasado jueves, la Administración se presentó “sin proyecto de convenio” para convocar las certificaciones profesionales de las categorías a las que se les modificó el requisito de titulación por el Acuerdo de 2005, y a las que la sentencia, ganada por USTEA, reconoce el derecho a la formación que garantice la estabilidad en el empleo. Incumple lo comunicado por la Consejería de Hacienda y Administración el pasado 19 de marzo, cuando anunciaba “que estaban ultimando la oferta de los certificados de profesionalidad para dar cumplimiento a la Sentencia ganada por USTEA”.
Según informa la Administración, el procedimiento es muy costoso y no se podrá llevar a cabo para todas las certificaciones en una primera fase. USTEA, exigió que se convenien ya y para la totalidad de las categorías afectadas. ¡Ya es hora!.
USTEA denuncia el paripé de la Junta de Andalucía, que trata con una desconsideración absoluta a sus propios trabajadores. Sigue sin ejecutar la sentencia que la obliga a programar los cursos. Cuatro años después de dictada la sentencia, nos dicen que no hay dinero. Por contra, muestra una agilidad encomiable para conveniar, organizar y dedicar recursos económicos, de la mano de UGT y CCOO, para la formación para un colectivo concreto --con nombres y apellidos--, excluyendo a los propios monitores escolares del ámbito del personal laboral de la Junta de Andalucía que vienen reclamando precisamente esta formación avalada incluso por una sentencia durante años. .
Aquí sólo funciona lo que el lobby político-sindical dispone.
¿A qué viene entonces incluir como punto en una reunión para NO DECIR NADA?
Dicen que no hay dinero para todas la certificaciones.
No saben cuándo ni cómo se iniciará el procedimiento.
Sólo nos cuadra una maniobra de distracción con una clara intención dilatoria, que no vamos a tolerar. ¡¡Ya está bien!!
USTEA actuará en consecuencia a través de las acciones sindicales y legales que considere, sin descartar ningún tipo de procedimiento judicial regulado en derecho.
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