Orden de 25 de julio de 2011, por la que se ordena la práctica de actuación inspectora extraordinaria a la Inspección General de Servicios.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha avanzado en la reforma de la Administración Pública mediante la reordenación del sector público, la simplificación administrativa y el acceso de los ciudadanos a sus servicios a través de la Administración Electrónica.

La citada reordenación del sector público, plasmada en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de julio de 2010, y regulada en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, pretende, junto al objetivo de lograr una Administración eficiente, que preste un servicio público de calidad, garantizar, mediante los oportunos cambios normativos, que el cumplimiento del interés general se aborde, desde la imparcialidad, conforme a los principios de objetividad, economía y eficacia, con sometimiento pleno a la ley y al derecho y, en particular, conforme al principio constitucional de reserva del ejercicio de potestades públicas al personal funcionario en los términos previstos en el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

En este sentido, el artículo 69 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en la redacción dada al mismo por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, determina que en las Agencias Públicas Empresariales las funciones que se deriven del ejercicio de potestades administrativas, atribuidas expresamente por los respectivos estatutos a determinados órganos, deberán ser ejercidas por personal funcionario.

Por su parte, los artículos 71 y 74 de la mencionada Ley 9/2007, se pronuncian en términos similares, reservando las funciones que impliquen ejercicio de autoridad a su desempeño por personal funcionario.

Asimismo, la disposición adicional quinta de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, establece que los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección que estén relacionadas con el ejercicio de potestades públicas, serán desempeñados, en todo caso, por personal directivo que tenga la condición de funcionario de carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o jefes de personal de las agencias.

Por último, y con carácter general, la disposición adicional sexta de la citada Ley 1/2011, también establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos en los términos establecidos en la legislación en materia de función pública.

Toda vez que ha comenzado a hacerse efectiva la aludida reestructuración institucional, el compromiso y la firme voluntad manifestada de que se cumpla el objetivo propuesto, nos conducen a adoptar, de modo inmediato, medidas que garanticen que las potestades públicas que se han trasladado a las Agencias Públicas sean ejercidas por funcionarios públicos

En virtud de lo expuesto, con objeto de verificar el cumplimiento de los preceptos transcritos y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 15.3.b) del Decreto 314/2002, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía,

RESUELVO

Ordenar a la Inspección General de Servicios la realización de una actuación inspectora de carácter extraordinario con objeto de que compruebe el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa a la que se ha hecho referencia, sobre el desempeño por funcionarios públicos de las funciones que impliquen ejercicio de potestades públicas en las siguientes entidades:

- Agencia Andaluza del Conocimiento.

- Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

- Servicio Andaluz de Empleo.

- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

- Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

- Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía.

Sevilla, 25 de julio de 2011.

Carmen Martínez Aguayo

Consejera de Hacienda y Administración Pública