DESPILFARO FAFFE Fundación Andaluza Fondo de Formación

[ENIAC]

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado viernes día 22 de
junio publicaba el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. De
su aprobación hay un único y exclusivo responsable: *el Gobierno
Andaluz*. Además, las medidas aprobadas recogidas en el citado
Decreto-Ley podrían haber sido más equitativas y proporcionales -motivo
de nuestro próximo editorial- y debieran haberse tomado hace tiempo
atendiendo a la situación de extrema gravedad que padece nuestra
Comunidad Autónoma.

En relación con los recortes de derechos aprobados, El Tercer Lado
quiere hablar hoy de despilfarro. Para vergüenza propia y ajena quiere
dar a conocer someramente, que queda mucho, la nómina de la extinta
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que con la
aprobación de la Ley de reordenación del sector público de Andalucía se
integró en la Agencia de Régimen Especial Servicio Andaluz de Empleo,
con efectos de 3 de mayo de 2011.

Antes de pasar a su análisis y como apunte previo, tres observaciones:
1ª) La cúpula y la mayoría de directivos de la extinta FAFFE fueron
despedidos e indemnizados en el verano del pasado año 2011. Desde
entonces no ha habido más despidos. 2ª) A continuación, en un segundo
escalón se encontraban los mandos superiores, los cuales tenían asumido
su previsto despido para, como muy tarde, el otoño del pasado año 2011.
3ª) Desde su integración en el Servicio Andaluz de Empleo, los contratos
vinculados a programas que han ido finalizando no han sido ejecutados.

La nómina de la FAFFE, además de una desvergüenza, es un auténtico
despilfarro, donde:

-Se recogen salarios *netos* mensuales por encima de los 3.200 euros
(por ejemplo, Marcial Cañadilla Gómez y Aurelio Crespo Mérida, antiguos
directores de FAFFE que desde hace muchos años mantienen sueldos de
Director sin las correspondientes responsabilidades del cargo, o Antonio
Torres García, paseante y ex alcalde de Lebrija, con sueldo de Director
aunque nunca haya ejercido como tal, o Anna Vals Roc, nombrada
liquidadora de la fundación, y que meses después de su liquidación sigue
cobrando como si continuara vigente, etc.).

-El sueldo *neto* mensual de los /“mantenidos”/ mandos superiores (un
total de 55) se sitúa entre los 2.200 y 2.800 euros. Para entenderlo
baste saber que se trata de personas con una filiación y cercanía
determinadas (por ejemplo, ex gerentes -Granada y Sevilla-,
subdirectoras, sobrino de ex consejero de Gobernación, esposas de ex
Directores Generales, asesor de Gabinete electoral de candidato
socialista, etc., etc., etc.).

-El sueldo *neto* mensual de los mandos intermedios supera, en todos los
casos, los 1.800 euros (Con honrosas excepciones, que las hay, la
mayoría lo son gracias a determinados /“apoyos”/, que no por su
formación y aptitudes profesionales).

-Pero lo mejor son los /“complementos”/ y /“sobresueldos”/ -de 1.000
euros en muchos casos- que tienen asignados, por mandato del cargo
político de turno, un elevado número de personal que con la categoría de
“técnico” o de inferior categoría, sin más trabajo que poner la mano a
fin de mes, llega a cobrar un sueldo *neto* mensual superior a los 2.000
euros. Hablamos de ex alcaldes (Montellano, Coria del Río); ex
concejales (Guadix, Adamuz, Palma del Río, Aguilar de la Frontera); ex
miembros de distintas ejecutivas provinciales del PSOE y la UGT, y de
toda la parentela -hijos, hermanos, sobrinos, primos, cuñados y
conocidos- de la alta alcurnia /psoeística/, cuya relación próximamente
publicaremos junto a sus respectivos padrinos. En este apartado
incluimos el personal que /bajo una cesión ilegal de trabajadores/ han
estado prestando servicios en el Gabinete del ex Consejero de Empleo y
otros, que mantienen las mismas retribuciones que tenían anteriormente.
Estos /“complementos”/ y /“sobresueldos”/ claro está que no se recogen
en sus contratos.

-La plantilla actual en nómina de la extinta FAFFE asciende
aproximadamente a 1.200 personas. El personal fijo de “estructura” no
supera los 350 (para comprender el porqué de esta diferencia y el que no
se haya ejecutado ningún contrato finalizado vinculado a programas,
baste saber que en la mayoría de sus titulares existe una relación
afectiva y familiar, paterno/materno/filial, con jefes/as de servicio,
coordinadores/as, directores/as generales, consejeros/as, etc., cuando
no con representativos dirigentes sindicales y políticos).

Necesariamente surgen las preguntas: ¿La nómina de la FAFFE que se
contabiliza mensualmente por la Intervención, se fiscaliza con
documentación adjunta o sin ella? En cualquier caso, ¿de quién es la
responsabilidad de que haya infinidad de personas embolsándose
/“complementos”/ o /“sobresueldos”/ al margen de los contratos? Si el
personal de la FAFFE no está integrado -que no lo está-, ¿cómo es que se
incumple lo recogido en el Convenio de aplicación? ¿Aparecerá algún
responsable o, como siempre, se continuará mirando para otro lado? ¿Ni
siquiera la Intervención General ha tenido jamás conocimiento de estos
hechos? ¿Para qué está entonces?

Si con motivo de distintas resoluciones judiciales, la integración del
personal de la FAFFE no se ha podido llevar a efecto, no pudiendo
ejercer funciones que supongan ejercicio de potestades administrativas
-estando la mayoría a verlas venir-: ¿Cuánto cuesta mantener los puestos
de los mandos superiores absolutamente innecesarios? ¿Cuánto cuestan los
sueldos del personal cuyos contratos han finalizado y no han sido
despedidos? ¿Cuánto cuesta la no adecuación de los exagerados sueldos a
la responsabilidad actual? ¿A esta situación se ha llegado a través de
decisiones irresponsables o ha sido por falta de decisión? Con seguridad
no lo sabemos, pero nos tememos que, si hay algún responsable, que
naturalmente lo hay, será… “el Gobierno de España”.

Lo que sí es cierto que ha habido, y continúa habiéndolo, es un absoluto
despilfarro. Y éste, en el caso de la FAFFE (sólo desde la aprobación
del Decreto-Ley 5/2010) se puede cuantificar en varias decenas de
millones de euros -más de 50-, que se habría ahorrado la Comunidad
Autónoma simplemente tomando las decisiones adecuadas y no demorando su
aplicación.

Extrapolando este oprobio de la extinta FAFFE, a todas las fundaciones y
empresas públicas que se han integrado en las distintas Agencias creadas
a raíz de la aprobación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector
Público de Andalucía, y al resto de entes instrumentales de la
Administración Autónoma Andaluza, *afirmamos rotundamente que* *el
despilfarro en gastos de personal, sólo en los dos últimos años, supera
con creces el recorte efectuado a los derechos de los empleados públicos
a través del Decreto-Ley 1/2012*.

El Tercer Lado, una vez más, rechaza y denuncia el despilfarro público.
Basándose en él se piden sacrificios por quienes son los únicos
responsables de una Administración pública que dedica el triple de
recursos a pagar nóminas que a prestar servicios básicos. Dirigentes
que, saltándose a la torera sus promesas electorales, imponen el
sacrificio a los de siempre. Dirigentes que no deberían demorar la toma
de decisiones necesarias y urgentes, y asumir la responsabilidad de los
despidos que ya debieran haberse producido. Su obligación pasa por
gestionar los escasos recursos públicos con austeridad y, además,
hacerlo bien.

Los empleados públicos somos trabajadores de la Administración, no somos
Administración. Somos tan trabajadores por cuenta ajena como los del
sector privado. ¿Por qué tenemos que pagar por los errores y desmanes de
los políticos? ¿Por qué tenemos que sufrir los recortes provocados por
el nepotismo y el partidismo en la Junta de Andalucía? ¿Por qué el
rescate financiero no puede ir a los hombros de los trabajadores y los
recortes del /des/-gobierno andaluz sí? ¿Por qué las líneas cambian de
color según el gobierno que las traspase? En todo caso, siguen con el
chocolate del loro.

En Andalucía es verdad que hay mucho empleo público pero no muchos
empleados públicos. Lo que sobra es un elevado número de personas
dedicadas exclusivamente a la política a la que han convertido en su
profesión, que sólo viven de ella, cobrando con cargo al presupuesto de
la Comunidad. Lo que sobran son los dirigentes políticos responsables de
la actual situación. Lo que sobra es una estructura insostenible, creada
de modo arbitrario y con fines espurios, que necesariamente tiene que
desaparecer para mantener en la medida de lo posible el Estado del
Bienestar. Su mantenimiento en estos tiempos críticos supone un
auténtico despilfarro que no hay presupuesto público ni deuda pública
que lo resista.