Un juez paraliza la integración del personal de Egmasa en la Junta
La incorporación del personal laboral de la Empresa Gestión Medioambiental (Egmasa) a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, creada el 20 de abril, ha quedado suspendida cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, que ha apreciado una "funcionarización encubierta" ilegal de los casi 4.000 empleados de Egmasa, que atenta contra la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público.
El auto de suspensión cautelar forma parte de uno de los 13 recursos interpuestos por casi 5.000 empleados públicos (agrupados en las asociaciones Al-Andalus de Córdoba y Defiendo mi Derecho de Sevilla) el pasado 16 de mayo contra cada uno de los decretos por los que la Junta aprueba los estatutos de siete de las ocho nuevas agencias y también contra cada uno de los protocolos de integración de personal aprobados por resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública.
El magistrado Luis Alfredo de Diego y Díez reconoce en el auto, emitido el 16 de junio, que la "probabilidad de éxito" de las denuncias de los recurrentes de lo que entiende es una "funcionarización encubierta" de 3.711 trabajadores laborales, "no es descartable" a la vista del sistema de integración que se expone en el protocolo impugnado, pues "obvia por completo cualquiera de los controles de acceso al empleo público determinados legal y constitucionalmente".
El magistrado reconoce que el protocolo aprobado por el Gobierno autonómico, en el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, convierte en empleados públicos a quienes fueron contratados por instituciones privadas de capital o patrimonio públicos, "sin sujeción a las exigencias y garantías constitucionales que a cualquier ciudadano se imponen para ocupar un puesto de trabajo en la Administración Pública".
El auto judicial advierte además del "peligro de ineficiencia" por retardo en la resolución definitiva de este asunto, puesto que sería "muy complicado" deshacer todo el proceso de integración de personal laboral si la sentencia es favorable a los empleados públicos que han recurrido el decreto.
"De consolidarse la integración regulada en el protocolo impugnado, sería extraordinariamente complejo, si no imposible, retrotraer la situación, en la que la maraña de derechos y terceros de buena fe implicados provocarían, en el mejor de los casos, una muy difícil ejecución de sentencia", recoge el juez en el auto.
Por último, el magistrado recuerda a la Administración andaluza que ha de ser ella quien asuma, "con sus recursos materiales y humanos", la solución hasta que se resuelva este proceso para poder seguir prestado el servicio competencia de la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, toda vez que ha ordenado la suspensión cautelar del protocolo.
En este sentido, Diego y Díez se muestra tajante al destacar a la Junta que, si puede llegar a ser "problemático" reorganizar esos servicios ahora, que todavía no se ha consolidado la integración, más aún lo será, si no "imposible", ante una posible sentencia firme que estime "las pretensiones" de los recurrentes pasados ya varios meses o incluso años.
"No podemos compartir la catastrofista situación que, en relación con la lucha contra incendios, describe" la Junta en caso de suspensión del protocolo, señala el auto.
El bufete de abogados de Córdoba Mariano Aguayo, que es quien defiende los intereses de estos 5.000 empleados públicos, advierte de que antes de que concluya el presente mes presentará un nuevo recurso, por la vía ordinaria, que no atiende ya sólo a la vulneración de derechos fundamentales sino que abarca también la violación de aquellos otros relativos a la igualdad en el acceso a la función pública, recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, entre otros.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/2 ... 99595.html