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Griñán no explica por qué el "fondo de reptiles" era transferido a sus agencias como "gastos de explotación"
Aunque la Junta dice y repite que los dineros del "fondo de reptiles" es un dinero legal y presupuestado, no ha explicado todavía por qué eligió mecanismos situados al margen del Derecho Administrativo y de los habituales procedimientos presupuestarios para difuminar la presencia de estos fondos. En concreto, el presidente Griñán no explica por qué se transfirió ese dinero a los "entes instrumentales" de la Junta, IFA e IDEA, en concepto de "gastos de explotación", denominación que reciben los gastos de personal, arrendamientos, etc. Tampoco la Cámara de Cuentas, hasta ahora, se ha pronunciado sobre la legalidad de este procedimiento. Javier Arenas denuncia la «responsabilidad directa» de Griñán por actuar «al margen de la legalidad administrativa».
¿Por qué los dineros de los ERE fueron ocultados bajo el concepto "gastos de explotación" si no había nada ilegal ni irregular en el procedimiento? Han sido casi 650 millones de euros los gastados en expedientes de regulación de empleo y ya hay, cuando menos 39 personas que se han beneficiado de ellos fraudulentamente. Entre ellos, una cantidad significativa de casos afectan a socialistas y a sindicalistas de UGT.
En el debate de ayer, en el que Griñán se negó a admitir una Comisión de Investigación, quedó claro que de él, cuando era Consejero de Economía y Hacienda, dependía la Intervención General. Explica La Razón que fue esta Intervención General en 2005, 2006 y 2007 la que señaló con claridad que el procedimiento elegido para transferir estos fondos no era regular. Pero es que fue el propio Griñán quien firmó algunas de las órdenes en el BOJA que comunicaban la transferencia de ese dinero como gastos de explotación a la «administración paralela» en función del Presupuesto anual del Gobierno andaluz. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, la Agencia IDEA recibió más de 360 millones de euros por este concepto.
Arenas denunció ayer la «responsabilidad directa» en el presidente por una actuación «al margen de la legalidad administrativa». El Ejecutivo aseguró más tarde que se trataba de una «mera orden de publicación», un trámite administrativo que exige la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.