Carta a Don Mario Jiménez

[Estroncio]

Mensaje
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Estimado Sr. Mario Jiménez:



En relación con su opinión dada en el País.com de Andalucía, de fecha 26 de enero de
2011: "Reto a que nos subrayen cuál es el mecanismo por el que se enchufa a una
persona o se le hace funcionario o se privatiza. Son todo mentiras como una casa".






Quiero agradecerle, en primer lugar, que haya cambiado de opinión, al dejar de
llamarme fascista y batasuno, algo difícil de sostener después de la manifestación del 22
de enero en Sevilla, para pasar a calificarme, simple y llanamente: mentiroso. Sin duda,
esta segunda descalificación es mejor que la primera, pero sigue siendo una
descalificación, porque Vd. Sr. Jiménez, parece ser, que en vez de defender con
argumentos sus actuaciones políticas, prefiere descalificar a aquellas personas que no
estamos de acuerdo con ellas y, especialmente, con la Reordenación del Sector Público
Andaluz. ¿Prefiere, o es, sencillamente, que no tiene argumentos? Pues bien, para que
no le quepa ninguna duda de que yo si los tengo y además son la expresión de mis
valores y principios democráticos dentro de un Estado de Derecho, se los voy a exponer
de la forma más sencilla que sé y desde el mayor de los respetos que me merece:






PRIMERO.- Los Decretos Leyes 5 y 6/2010 significan una privatización de la
Administración Pública Andaluza, SÍ, Sr. Jiménez, como lo oye o, cómo llama Vd. al
hecho, de que organismos autónomos de carácter administrativo se integren en agencias
y pasen ahora a regirse por el derecho privado, salvo en aquellas cuestiones relacionadas
con el ejercicio de potestades administrativas. ¿Nacionalización de Servicios Públicos?
NO, Sr. Jiménez: Privatización de Servicios Públicos y, aun más, cuando, a sabiendas,
no se establece el límite entre lo público y lo privado: “en los restantes aspectos se
regirán por el derecho administrativo o por el derecho privado según su particular
gestión empresarial así lo requiera” ¡olé!, ¡olé!, ¡olé!, que arte para huir del Derecho
Administrativo, diría un taurino. (Art. 1.9 del Decreto Ley 6/2010).






Me pregunto, qué
diría Vd. si, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, servicios públicos esenciales
pasaran a ser gestionadas por entidades públicas empresariales regidas por el derecho
privado.





SEGUNDO.- Por otra parte, Sr. Jiménez, me reta a explicitar, también, el mecanismo
por el que se enchufa a una persona, pues bien, le acepto el reto, aunque puestos a decir
la verdad, estamos hablando de enchufar a unas 35.000 personas.
En primer lugar definamos de qué estamos hablando, “enchufado” es: aquella persona
que ha obtenido un cargo o destino sin méritos, por amistad o por influencia política. La
Disposición Adicional Cuarta del Decreto Ley 6/2010, punto 1.b, establece que: “el
personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas se integrará en la
nueva entidad resultante, de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de
empresas, en las condiciones que establezca el citado protocolo de integración, y tendrá
la consideración de personal laboral de la agencia pública empresarial o de la agencia de
régimen especial.”






Sr. Jiménez, todos sabemos leer e interpretar lo que esto significa:
por influencia política, el personal procedente de las entidades instrumentales, es decir;
de Sociedades Anónimas, Fundaciones, etc. obtienen un destino en la Administración
Pública como empleados públicos. ¡ah! que no parece esto tan claro, pues nada, para eso
tenemos el Acuerdo de 7 de diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los Acuerdos adoptados por la Mesa General de Negociación del Empleado
Público de la Administración de la Junta de Andalucía en su reunión de 18 de
noviembre de 2010, en materia de Reordenación del Sector Público (Boja núm. 251, de
27 de diciembre), para entendernos, el Acuerdo firmado entre CC.OO y UGT. y la Sra.
Aguayo (Consejera de Hacienda y Administración Pública), en Torretriana y ante la
indignación y protestas de los empleados públicos que allí trabajan.







Le recuerdo, Sr.
Jiménez, que en este lugar nació, lo que los empleados públicos llamamos “el Espíritu
de Torretriana” y las camisetas moradas, que tanto nos han alentado en nuestra lucha
¿llegó Vd. a verlas en las manifestaciones? Pues bien, este Acuerdo dice textualmente,
en su apartado primero: “tienen la consideración de personal al servicio de la Junta de
Andalucía y, por tanto, de empleados públicos y empleadas públicas quienes prestan sus
servicios en las entidades incluidas en el Título II y el Capítulo II del Título III de la ley
9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía, es decir de su
Administración General y de sus Agencias, sin perjuicio del régimen jurídico que
corresponda, al que les será de aplicación el contenido de este acuerdo.






Al citado
personal le es de aplicación la ley 7/2007, de 12 de abril por el que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores, así como su
normativa de desarrollo.







“Más claro el agua” Sr. Jiménez que, por cierto, también va ser privatizada, permítame
también recordarle, en relación con esto, a aquellas personas vestidas con camisetas
blancas y cruces negras que empezaron la lucha y nos mostraron a todos los empleados
públicos el camino a seguir. Pero volviendo al tema y en conclusión, es evidente, por
cuanto antecede, que el personal de las Entidades Instrumentales, por una influencia
política, van a obtener un cargo o destino en una Agencia como empleados públicos,
teniendo, por tanto, los mismos derechos y deberes que los otros empleados públicos
(Ley 7/2007 de 12 de abril), es decir; nosotros, que accedimos a la Administración bajo
los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.





Sr. Jiménez:
¿cree Vd. que esto no es para estar indignados y “tirarse a la calle” diciendo “no al
decreto de los enchufados”. Espero, sinceramente, haberle despejado las dudas sobre el
mecanismo por el que se enchufa a 35.000 personas en la Administración de la Junta de
Andalucía.
Evidentemente, todo esto tan solo son dos aspectos del decretazo, como Vd. bien sabe,
existen otros muchos con los que tampoco estamos de acuerdo: “pérdida de derechos de
los empleados públicos”, “politización de la administración”, “falta de independencia”,
“arbitrariedad”, etc., pero esto y, por no alargarme, lo dejaremos para otro día.




RECIBA UN CORDIAL SALUDO DE UN FUNCIONARIO DE CARRERA. --