El «decretazo», en entredicho

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http://www.abcdesevilla.es/20110615/andalucia/sevi-admite-recurso-pone-duda-201106142157.html

El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a poner en cuestión la legalidad de la Ley que ha permtido la reordenación del sector público, que acaba de culminar la Junta y a la que se oponen la práctica totalidad de empleados públicos. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso que presentó el pasado mayo el PP contra esta norma, conocida como Ley del «enchufismo» o «funcionariazo». Este no es el primer recurso que plantean los populares, que ya presentaron otro recurso, que también admitió el Constitucional, cuando la Junta trató, inicialmente, de aprobar esta reordenación por decreto-Ley. En ambos casos, los populares recurrieron por considerar que las normas eran un «ataque brutal» a los funcionarios y una «huida de las reglas» que marca el derecho administrativo.

Desde el PP y el sindicato de funcionarios Csif acogieron ayer con satisfacción la decisión, mientras que desde la Junta y desde el PSOE-A se guardó silencio. Tal como afirmó el presidente del PP-A, Javier Arenas, la admisión del recurso es «una buena noticia para todos los funcionarios de Andalucía que han estado en contra de los decretazos de la Junta».

Por segunda vez

Así, es la segunda vez que el alto tribunal pone en cuestión la constitucionalidad de la Ley que regula la reordenación del sector público, culminada recientemente por la Junta, tras haberla aprobado el pasado mes de febrero en el Parlamento gracias a la mayoría absoluta del Grupo Socialista. Esta norma sustituyó al inicial decreto-Ley de julio de 2010, que la Junta derogó el pasado otoño para tratar de aplacar las multitudinarias y continuas protestas de los funcionarios.

El PSOE, sin embargo, no admitió en el trámite parlamentario de la nueva Ley ni las aportaciones del PP ni de los sindicatos mayoritarios en la función pública —Csif, Safja, Ustea— y terminó aprobando una norma que ofrecía pocas diferencias respecto al decreto inicial. Eso provocó que tanto el PP como esos sindicatos hayan presentado diversos recursos cuestionando la legalidad de una norma que, entienden, pretende hacer fija a la administración paralela de la Junta, esto es, unos 20.000 trabajadores que accedieron a su puesto sin pasar oposiciones ni concurso público y sobre los que simpre ha sobrevolado la sombra del «enchufismo».

Uno de esos recursos fue el que presentó el PP al Tribunal Constitucional, lo que exigía que lo formalizaran más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Así lo hicieron y a la presentación del recurso acudieron, entre otros, la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.

«Paso de calado»

El pleno del alto tribunal admitió a trámite el recurso de los populares el pasado 7 de junio. El acuerdo, tomado por el pleno del alto tribunal, establece dar traslado de la demanda y los documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento, a través de sus presidentes.

Estas instituciones tienen ahora un plazo de quince días para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Esta admisión a trámite la consideró Arenas una «buena noticia para todos los funcionarios que han estado en contra de los decretazos de la Junta», al tiempo que se mostró confiado en que el PSOE «aprenda».

Desde el sindicato Csif-A se aplaudió la decisión del alto tribunal, al considerarla también una «buena noticia», ya que viene a «reforzar» los recursos que tiene presentados este sindicato contra la Ley y contra todos los estatutos de las nuevas agencias emanadas de la reordenación, «tan lesiva para el empleado público como ha quedado comprobado ya en varias ocasiones». Desde Csif-A aseguran que esta admisión a trámite es «solo un paso más para la derogación de la Ley, pero un paso de calado».