Editorial El Tercer Lado:Un susurro al oído de los andaluces

[Rafa Rivero]

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Un susurro al oído de los andaluces: mentiras y gordas
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Proclaman que con la “reordenación” del sector público andaluz se persigue una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Y, entre otros, lo afirma, sin sonrojarse, la Consejera de Hacienda y Administración Pública, cuyos órganos adscritos no ofrecen, precisamente, ese ejemplo de eficacia y eficiencia que proclama su titular; donde, o no se controla el gasto, o no interesa controlarlo o, cuando se hacen los controles, resultan absolutamente lights. El informe anual de la Intervención General –órgano político, obediente y dócil, faltaría más...-, no se poda... directamente se tala. Del grado de ejecución del Presupuesto ni hablamos. De las ilegales y vergonzantes autorizaciones de prórrogas y nuevas contrataciones pergeñadas por los entes instrumentales, mejor no decir nada. ¡Si no saben ni el número de trabajadores que prestan servicios en el sector público, ni las cargas de trabajo de las unidades administrativas y entes afectados, algo básico para acometer cualquier tipo de “reordenación”... !

Bla, bla, bla... proclaman que con la “reordenación” se busca mejorar los servicios públicos con un menor coste; apuntalar la sostenibilidad de las finanzas públicas; luchar contra la crisis y amortizar puestos directivos, con un motivo fundamental: la lucha contra la crisis y el ahorro... Pues bien, todo mentira. ¿Qué ahorro puede obtenerse si de los 182 puestos directivos que se suprimen ninguno de ellos saldrá de las nóminas de la Junta, sólo cambiarán de sitio?. ¿De qué ahorro hablan si no se van a producir despidos?. ¿Qué ahorro ofrecen si no eliminan y reducen las funciones y gastos de los entes instrumentales que son deficitarios, además de innecesarios la mayoría? ¡Si hasta el Observatorio Económico de Andalucía ha reconocido que en la Administración existe un “sobrepeso” de lo público, especialmente en términos de empleo, y ha expedido, además, unas recetas, bastante amargas por cierto... ! Pero ni quieren, ni les importa y tampoco les interesa. Están hipotecando el futuro de Andalucía, y lo saben. Con la “reordenación” planteada –a estas alturas está manifiestamente claro- tienen un objetivo y sólo uno: blindar los puestos de ellos y de los suyos.

Bla, bla, bla... proclaman que la “reordenación” es signo de transparencia... que la voluntad de diálogo ha imperado desde el primer momento... con garantía plena de los derechos adquiridos... y también que era “urgente”... Tanto que la llevaron al BOJA durante las vacaciones estivales, sin ningún tipo de negociación, por imposición, con un absoluto oscurantismo y, además, para darnos facilidades, mediante Decreto-Ley. Y por eso -porque como empleados públicos entendemos que el sector público andaluz necesita de una profunda transformación, aunque no la propuesta; porque pedimos que se empiece de cero; porque nos manifestamos en defensa de nuestros derechos y porque “no tragamos”- se permiten llamarnos de todo. De todo, todo... ¡oigan!. Y, lo que es más lamentable, los que nos difaman -no ofende quien quiere...- son un sector más o menos numeroso de nuestros servidores públicos, representantes de los poderes ejecutivo y legislativo en Andalucía. Y, estos, hace tiempo que mostraron su ineptitud, su incompetencia, su absoluta falta de escrúpulos y de vergüenza. Oportunistas que, a no tardar mucho -con mucho talante, eso sí- y por la espalda, empezarán a darse de puñaladas para seguir comiendo de una olla que cada vez se hace más pequeña. Eso si no deciden buscar otra más grande... que “listos” sí que son.

Bla, bla, bla... proclaman -don José Antonio Griñán dixit- que “la soberanía expresada en el Parlamento Andaluz” será la que determine cual es el mejor “sistema” para configurar y establecer la futura Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Pero –¿cabe mayor cinismo?-, ¿mejor para quién? A estas alturas, con su aprobación, nadie duda que se dará carta de legalidad al nepotismo instalado en la Junta de Andalucía, que lo único que se pretende es el blindaje de los puestos de ellos y de los suyos y que supondrá la legalización de una injusticia en la que perdemos todos: empleados públicos, opositores y ciudadanía en general.

El animus laedendi es evidente: desmontar lo público ultrajando los derechos de los únicos garantes de la imparcialidad. Sólo pretenden servilismo y sumisión extremos, a saber: “hoy te contrato a ti porque me caes bien, mañana ya veremos... ”; “hoy eres de los míos en el partido/sindicato y si no vas y me votas, ya sabes... ”; “hoy solicito ejercer el derecho de pernada... ”. Quieren recuperar las cesantías para seguir instalados en su paraíso.

Pues a pesar de todo ello, El Tercer Lado proclama a los cuatro vientos que todavía tenemos fe, que todavía creemos en esos políticos honestos que actúan por vocación de servicio público, que se rigen por ideales, que aportan lo mejor de sí mismos sin ningún tipo de interés personal ni económico. En ellos, que sirven y no se sirven, confiamos.

Y tú, empleado público, debes saber que importas y que, con tu acción, puedes contribuir a regenerar el sistema; eso sí, sin medias tintas, que a dos bandas no se puede tocar en este asunto.

Todo ello pasa por la derogación de los decretos-leyes 5 y 6/2010 y la retirada del proyecto de ley de “reordenación”. Ahí vamos a estar.