Imputación contra cuatro funcionarios en Córdoba.

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El PP pide al Gobierno andaluz que aclare la imputación contra cuatro funcionarios

Europa Press | Córdoba
Actualizado domingo 09/01/2011 19:27 horas



El parlamentario andaluz del PP de Córdoba Salvador Fuentes ha anunciado que pedirá la comparecencia del Consejo de Gobierno Andaluz para que explique su actuación en cuanto a la imputación de los cuatro funcionarios que se manifestaron en el mes de noviembre a las puertas de la Diputación provincial cordobesa.

Fuentes ha señalado que "la solución a la chapuza del decreto que reordena el sector público en Andalucía debe hacerse desde el diálogo con todos y no persiguiendo a los trabajadores con actuaciones desproporcionadas y represivas".

De manera que va a pedir la comparecencia del Gobierno para que explique esta actuación "desproporcionada" y la retirada de las medidas administrativas iniciadas para abrir un juicio de faltas contra el orden público a varios funcionarios que, según la citación, han resultado imputados "por exhibir una camiseta reivindicativa y de protesta, y ante el riesgo de que la interrupción del acto pudiese agravarse con insultos, pitidos de silbatos y lanzamiento de objetos, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones y en otras provincias".

Una 'aberración jurídica y política

Así las cosas, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Salvador Fuentes ha afirmado que el nuevo Decreto-Ley de reordenación del sector público supone "una aberración tanto jurídica como política" y acusa a los socialistas de "jugar con los puestos de trabajo de miles de andaluces".

Fuentes ha asegurado que el Gobierno andaluz "no ha querido acuerdo", ya que, según ha apuntado, "no ha habido en ningún momento voluntad real para alcanzarlo" y ha añadido que "desde el principio se ha hecho todo mal en materia de reordenación del sector público, culpando el PSOE de sus errores a todos, a los manifestantes, sindicatos y a los trabajadores".

Finalmente, el parlamentario popular ha indicado que cree que "lo razonable hubiese sido empezar de cero y retirar el nuevo decreto-ley", aunque, añade, "el Ejecutivo andaluz ya ha dicho que no está dispuesto a negociar ni a cambiar nada". Así, la respuesta se centra ahora en "saber qué es lo que va a pasar con el sector público con una reforma impuesta y no negociada", ha apostillado.