Artículo: Huyendo del Derecho

[Rafa Rivero]

Os dejo un interesante artículo publicado en Diario de Sevilla el 24-11-2010:

http://www.diariodesevilla.es/article/o ... recho.html

Huyendo del Derecho
Óscar Eimil

EL Derecho Administrativo -que regula la organización de las Administraciones Públicas, el ejercicio por éstas de los poderes exorbitantes que el ordenamiento les confiere y su control judicial- es un derecho de privilegios y de garantías. De privilegios, porque atribuye a las administraciones unos enormes poderes -las llamadas potestades administrativas- para cumplir ciertos fines de interés general necesarios para la comunidad y que el individuo, por sí solo, no puede lograr; y de garantías, porque confiere a los ciudadanos todo un conjunto de salvaguardas que tienen por objeto prevenir los abusos o arbitrariedades que el ejercicio de esos poderes puede provocar. Estas garantías o salvaguardas de los ciudadanos frente al poder de la Administración son, mayormente, cuatro: el control judicial de su actuación, la necesaria observancia de ciertos procedimientos previos a la toma de cualquier tipo de decisión, la condición de funcionarios públicos de quienes las adoptan y la responsabilidad patrimonial por los daños que su actuación pueda causar a los particulares.

Este par conceptual del que les hablo -prerrogativa-garantía- ha estado históricamente siempre, desde su nacimiento en España con la Constitución de 1.812 -la Pepa-, en el núcleo esencial del Derecho Administrativo y, por lo tanto, también en el centro de las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos a los que sirve.

Pues bien, este esquema, sobre el que se asienta el "contrato social" entre los ciudadanos y sus dirigentes políticos, que está en la base de la convivencia pacífica en los Estados modernos, amenaza con saltar por los aires como consecuencia del galopante proceso de "huida del Derecho Administrativo" que se está produciendo en casi todas partes, y que encuentra su ejemplo más paradigmático en Andalucía.

Se trata de un proceso que, invocando, entre otras, razones de eficacia, eficiencia, agilidad y rapidez, intenta residenciar, de un modo disimulado, potestades administrativas fuera de la Administración Pública, mediante la creación de todo una serie de organismos -a los que se atribuye una nomenclatura variopinta- cuya actuación se sustrae a la aplicación del Derecho Administrativo, y por lo tanto, también, a las garantías que el mismo confiere a todos los ciudadanos.

El proceso -este sí, a lo que parece, imparable- cuyos mayores damnificados son los ciudadanos, está produciendo además, como daños colaterales, importantes perjuicios particulares a determinados colectivos -los funcionarios públicos- que resultan especialmente afectados por el mismo.

Ahí está verdaderamente la raíz profunda del grave conflicto que estamos viviendo en Andalucía entre los funcionarios públicos y el Gobierno andaluz, como consecuencia de la publicación del Decreto Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía elaborado por la Junta el pasado verano.

Sin embargo, el verdadero problema, el esencial, el que afecta de verdad a todos los ciudadanos, comenzó mucho tiempo antes, con la publicación de la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía, que llevó la previsión normativa de este proceso de "huida" a extremos totalmente inaceptables. En ella, bajo la rúbrica "Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía" se dio la cobertura legal necesaria a los numerosísimos organismos que la Junta ha ido creando en los últimos 28 años y que se agrupan a partir de ahora -verán ustedes la complicación- en cinco grandes categorías: Agencias Administrativas (los antiguos Organismos Autónomos), Agencias Públicas Empresariales, agencias de Régimen Especial, Sociedades Mercantiles y Fundaciones del sector público andaluz, con varias subcategorías dentro de cada una de ellas, que no les detallo para no aburrirles.

Hasta ahora son nada menos que 255 entidades -Griñán dixit-, con personalidad propia y funcionamiento independiente, siendo -al parecer- un dato de imposible determinación el número de personas que trabajan realmente en esta "administración bis" que han creado, y que consume ya, vía transferencias, más de la mitad del presupuesto de la Junta de Andalucía.

Por eso creo que el tema del trasvase de personal funcionario, de personal contratado y de personal laboral entre la Administración autonómica y sus numerosos organismos hen todas las direcciones posibles- que están a punto de realizar en ejecución del Decreto Ley 5/2010, con ser un tema grave -sobre todo, para los directamente afectados- no deja de ser un tema menor, visto desde la perspectiva del interés general. El tema capital, en este caso, es la alergia al Derecho Administrativo que tienen nuestros gobernantes, alergia creciente que no hace más que disminuir progresivamente nuestros derechos y garantías como ciudadanos, frente a una Administración Pública cada día más prepotente y avasalladora.

[chefa]

Interesante artículo, lo había leido y es que no hay un sólo experto administrativista que no coincida en el diagnóstico, la Administración Paralela a base de entes instrumentales que crean los gobiernos dependientes de la administración territorial pero cuyo elemento es el funcional no son más que una Ingeniería jurídica torticera para huír del Derecho Administrativo, del Derecho Público hacia el Derecho Privado con el sólo fin de esquivar los controles económicos, financieros, contables, laborales...pero adquiriendo unas prerrogativas públicas que la Constitución sólo atorga a la Administración territorial.
Saludos