La doble moral de la Sra Presidenta
En relación con el problema de la reubicación de los desalojados de la “Corrala Utopía”, la Sra Presidenta Susana Díaz ha manifestado en reiteradas ocasiones antes los medios de comunicación que desde la Junta de Andalucía se va a respetar y cumplir con la legalidad y no con el que más grita, sino con quien pacientemente cumple la Ley.
Pues bien, en otro asunto con ciertas similitudes en cuanto a lo manifestado, el caso de los trabajadores que venían prestando servicios como auxiliares administrativos contratados por ETTs, a través de una subcontrata del ISE con esas empresas, la Sra Presidenta parece olvidar esos principios, pues en este caso, no solo es que se ha publicado la Orden de 21 de marzo de 2014 (con un convenio secreto con CCOO y UGT), para facilitar a ese colectivo unos requisitos de cualificación profesional, excluyendo al resto de andaluces de poder participar en ese procedimiento, (además de la indefensión que implica el que un posible solicitante desconozca los requisitos establecidos en dicho convenio, con lo que ignora si puede o no participar en este procedimiento), sino que incumplen lo establecido en el art 11 del RD 1224/09, pues el personal al que va específicamente destinado dicho procedimiento de cualificación, carece en la mayoría de los casos del requisito establecido en el art 11 del RD 1224/09, ( 3 años con un mínimo de 2000 horas de experiencia profesional o de las 300 horas de formación relacionada con las unidades de competencia) y estaban contratados en una categoría profesional de nivel II, de auxiliar administrativo, y no de nivel III, como pretenden cualificarlos.
El Parlamento de Andalucía acordó también el día 20-02-2014, una PNL en la que en su punto 4º se insta al gobierno a que se les reconozca dentro de la Administración andaluza la experiencia profesional y antigüedad adquirida mediante los contratos desempeñados en una ETT, evidentemente privada. Y todo ello con la intención no simulada de colocarlos en mejor disposición para ocupar un empleo público que el resto de desempleados andaluces que cumplen con los requisitos establecidos para esos puestos de trabajo, han participado en las Ofertas Públicas de Empleo y esperan pacientemente en las bolsas a ver si alguna vez tiene la suerte de que les llamen, o están inscritos en el SAE y sellan periódicamente su demanda de empleo esperando una oportunidad para trabajar.
Además, para que aún queden más evidentes las intenciones de la Junta de Andalucía, a los trabajadores actualmente contratados temporalmente por la Consejería de Educación Cultura y Deporte para cubrir dicho servicio en tanto se constituye dichos puestos la RPT, les han recortado la fecha de finalización de los contratos, que fueron acordadas en las mesas de negociación para un año y se han quedado finalmente en 7 meses, con lo que de esa forma podrían disponer antes de esos puestos para poder contratar a “otros” y previsiblemente incurrir en una nueva ilegalidad, pues la modalidad en la que están contratados los trabajadores actualmente, obras y servicios, implicaría que mientras dure la obra o servicio (es decir, hasta que se creen en RPT) no deberían sustituirse esos trabajadores por otros para la misma obra o servicio.
A todo lo expuesto hay que añadir que desde 2010, la Junta de Andalucía y los sindicatos firmantes del convenio secreto (CCOO y UGT) están condenados por sentencia del Tribunal Supremo 213/09, a organizar de forma perentoria los cursos de capacitación profesional que permitan al personal laboral de la Junta de Andalucía, seguir desempeñando los puestos de la categoría profesional que ocupaban antes de la modificación de los requisitos de titulación (modificados por acuerdo con CCOO y UGT publicado en BOJA el 08-06-05). Seguimos esperando después de 9 años de publicada la modificación y de 4 años con una sentencia firme, a que cumplan la sentencia y organicen para su personal algo similar a lo que en un mes han organizado para los que estaban trabajando para una ETT privada. Parece que en este caso a la Sra Presidenta no le preocupa que haya ciudadanos andaluces esperando pacientemente a que se cumpla con la legalidad dictada además por la Justicia y ha preferido ceder ante los que gritan, en lugar de velar por la legalidad y la igualdad de trato ante las normas establecidas.
¿Cuál si no es gritar es el mérito para que a unos trabajadores (actualmente desempleados) se les estén dando todas las facilidades para que puedan ocupar un puesto público, acordando, mediante un pacto secreto con CCOO y UGT, abrir un procedimiento para reconocerles una cualificación profesional que no tienen y una experiencia en una Administración Pública que no los ha contratado, mientras que a otros , los que esperan pacientemente en las bolsas, en el SAE o a que se les cualifique cumpliendo las sentencias judiciales, se les ignora? ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo de la clase política?